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Nuevos conservadores

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Conservadores

Tras largos periodos de lucha social llegó el bienestar. Fue como ganar la guerra. Paz al fin. La gente tenía trabajo, tenían derechos y sobre todo dinero. Y con él llegaron los coches, las casas junto a todo lo que contienen: televisores, sofás, lámparas, alfombras… y también las vacaciones junto al mar.

Nosotros crecimos en el Estado del bienestar. Aquellos maravillosos años. Las luchas quedaron en las historias contadas por nuestros padres y para nosotros todo nos venía dado sin mayores dificultades. Había trabajo a la vuelta de la esquina, y estudiar era un seguro de éxito laboral, económico y personal.

Las ‘pequeñas‘ luchas aún por resolver eran cosa de los sindicatos. No había de que preocuparse. El trabajo nos daría todo, sobre todo poder adquisitivo. Aquello te hacía sentir muy libre y con esa libertad vino la despreocupación.

Los tiempos han cambiado. Pero a diferencia de aquellos jóvenes, que ahora son nuestros padres y abuelos, a nosotros se nos ha mimado demasiado. Nos hemos convertido en el mal ejemplo de la opulencia. Ante nosotros se desmorona la tranquilidad que da la certidumbre y no nos gusta. Queremos que todo sea como antes. Y así hemos arribado en el mundo al revés. Los mayores, nuestros padres y abuelos, son de izquierdas mientras nosotros nos hemos entregado al conservadurismo.

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Manifiesto: En defensa de los derechos fundamentales en Internet

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Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que…

1.- Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.

2.- La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.

3.- La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.

4.- La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.

5.- Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.

6.- Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.

7.- Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.

8.- Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.

9.- Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.

10.- En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.

Este manifiesto, elaborado de forma conjunta por varios autores, es de todos y de ninguno. Si quieres sumarte a él, difúndelo por Internet.

El abandono de la investigación y su privatización

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Investigación

Desde hace años quienes se dedican a la investigación se ven obligados a convertirse en auténticos mendigos con bata, tratando de rascar unos céntimos de cualquiera que esté dispuesto a tener un pequeño gesto altruista. Y mientras el Gobierno recorta presupuestos y hunde aún más en la indigencia a quienes tratan de aportar nuevos descubrimientos a la ciencia y a la tecnología, el sector privado se frota las manos porque encuentra la fabulosa oportunidad de comercializar los nuevos hallazgos.

Me preocupa mucho esta segunda parte de la problemática. Es evidente que la investigación puede llegar a suponer una inversión considerable, y por lo tanto las empresas que invierten en la misma querrán sacar provecho de sus resultados, y creo que tal y como está concebido nuestro sistema económico es algo legítimo. El problema radica en que los resultados obtenidos de las investigaciones se han convertido en un producto más, sujeto al juego sucio de los intereses de grandes empresas que carecen de escrúpulos por haberse convertido en un ente totalmente impersonal, donde la moral y la ética quedan relegadas a un segundo puesto y la obtención de beneficios gana la carrera.

Tenemos ejemplos en la industria farmacéutica, descubrimientos tan importantes como los que se pueden llegar a hacer en medicina, y que por extensión deberían estar, en primera instancia, al servicio de los ciudadanos, quedan expuestos ante todo a la maximización de beneficios por parte de una empresa, y en un lejano segundo lugar aparece la idea de que puedan servir como cura a las personas. Es por ello que podemos asistir a escenas tan deplorables e injustas como la que se vive en África donde las personas mueren de gran cantidad de enfermedades para las que existe cura, solamente por el hecho de que no disponen de los medios necesario para acceder a los medicamentos que requieren.

Yo abogo porque la investigación esté al servicio del interés público, y se supone, y debería subrayar lo de suponer porque en muchas ocasiones esta suposición queda totalmente invalidada, que el Gobierno vela por el interés de los ciudadanos. Por ello, en vez de recortar las inversiones públicas en materias de investigación, debería incrementarse, para evitar precisamente esta desigual accesibilidad a la ciencia y tecnología. Llegados a este punto podríamos incluso reclamar la urgencia de que la investigación y sus resultados deberían ser, en gran medida, un derecho de interés público.

Creo que las razones para defender la necesidad de que la investigación y los resultados de la misma sean de dominio público son evidentes. La privatización de la investigación genera una acentuación aún mayor de las desigualdades sociales, y también da lugar a que ciertos descubrimientos nunca vean la luz porque a pesar de que serían extremadamente positivos para la sociedad, perjudicarían al mercado de ciertas empresas, las cuales disponen de medios suficientes para hacerlos desaparecer.