El abandono de la investigación y su privatización


Investigación

Desde hace años quienes se dedican a la investigación se ven obligados a convertirse en auténticos mendigos con bata, tratando de rascar unos céntimos de cualquiera que esté dispuesto a tener un pequeño gesto altruista. Y mientras el Gobierno recorta presupuestos y hunde aún más en la indigencia a quienes tratan de aportar nuevos descubrimientos a la ciencia y a la tecnología, el sector privado se frota las manos porque encuentra la fabulosa oportunidad de comercializar los nuevos hallazgos.

Me preocupa mucho esta segunda parte de la problemática. Es evidente que la investigación puede llegar a suponer una inversión considerable, y por lo tanto las empresas que invierten en la misma querrán sacar provecho de sus resultados, y creo que tal y como está concebido nuestro sistema económico es algo legítimo. El problema radica en que los resultados obtenidos de las investigaciones se han convertido en un producto más, sujeto al juego sucio de los intereses de grandes empresas que carecen de escrúpulos por haberse convertido en un ente totalmente impersonal, donde la moral y la ética quedan relegadas a un segundo puesto y la obtención de beneficios gana la carrera.

Tenemos ejemplos en la industria farmacéutica, descubrimientos tan importantes como los que se pueden llegar a hacer en medicina, y que por extensión deberían estar, en primera instancia, al servicio de los ciudadanos, quedan expuestos ante todo a la maximización de beneficios por parte de una empresa, y en un lejano segundo lugar aparece la idea de que puedan servir como cura a las personas. Es por ello que podemos asistir a escenas tan deplorables e injustas como la que se vive en África donde las personas mueren de gran cantidad de enfermedades para las que existe cura, solamente por el hecho de que no disponen de los medios necesario para acceder a los medicamentos que requieren.

Yo abogo porque la investigación esté al servicio del interés público, y se supone, y debería subrayar lo de suponer porque en muchas ocasiones esta suposición queda totalmente invalidada, que el Gobierno vela por el interés de los ciudadanos. Por ello, en vez de recortar las inversiones públicas en materias de investigación, debería incrementarse, para evitar precisamente esta desigual accesibilidad a la ciencia y tecnología. Llegados a este punto podríamos incluso reclamar la urgencia de que la investigación y sus resultados deberían ser, en gran medida, un derecho de interés público.

Creo que las razones para defender la necesidad de que la investigación y los resultados de la misma sean de dominio público son evidentes. La privatización de la investigación genera una acentuación aún mayor de las desigualdades sociales, y también da lugar a que ciertos descubrimientos nunca vean la luz porque a pesar de que serían extremadamente positivos para la sociedad, perjudicarían al mercado de ciertas empresas, las cuales disponen de medios suficientes para hacerlos desaparecer.

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El transporte público de Tenerife tiene problemas, y nosotros los vamos a pagar


Que Titsa tiene problemas lo sabes desde hace ya algún tiempo, entre otras razones porque lo hemos notado de forma considerable en nuestros bolsillos con las constantes subidas de tarifas, hecho que sitúa el transporte público tinerfeño entre los más caros de España. Dado que la empresa sigue siendo deficitaria, ahora han decido tomar algunas medidas adicionales, entre las cuales está, que Santa Cruz pague a la compañía los 18,7 millones de euros que le debe. Esto evidentemente es un punto fundamental. De resto las medidas princalmente vienen siendo las siguientes:

Titsa adaptará las líneas a la demanda, se reorganizarán rutas y frecuencias, se reducirá la oferta de los fines de semana, se reforzará al Norte y al Sur de la Isla, disminuirá el número de vehículos en reserva, se optimizará el nivel de respuesta en los talleres, se reducirán “drásticamente” las horas extras, se llevará a cabo la actualización anual de las tarifas…

Esto me lleva a pensar lo siguiente, la utilización del transporte público debería incentivarse, no invitar a las personas a que busquen otras alternativas, y si ya muchas veces las frecuencias de las guaguas para según que rutas son desalentadoras, si lo van a ser más aún, mal vamos. No digo que Titsa no ajuste sus líneas a la demanda, pero quizá habría otras opciones y no siempre empeorar aún más la frecuencia. Quizá emplear más guaguas de menor tamaño sería una opción. No conozco los datos, pero es una posibilidad que se me ocurre. De todas formas, precisamente por no conocer los datos que maneja la empresa tampoco puedo dar una opinión en base a ellos para criticar o alegar a favor de esta medida. Aunque si considero que con el aumento de la contaminación en Tenerife, la cual ya está llegando a límites que no favorecen la salud de la población, creo que reducir las frecuencias, con el consiguiente desanimo de las personas a usar este medio de transporte, no es algo muy positivo.

Luego vamos de nuevo a los precios, porque eso de que “se llevará a cabo la actualización anual de las tarifas“, significa, al menos así lo entiendo yo, que nos van a subir aún más el precio de los viajes. Si con el bonobús desplazarme entre Santa Cruz-La Laguna, actualmente ya me cuesta 0,95 céntimos, ¿cuánto va a costar después de esta subida de precios? ¿Más de un euro? Si actualmente tenemos uno de los transportes públicos más caros de España, después de esta actualización sin duda tendremos el más caro.

Y luego lo que más me llamó la atención es que no contentos con subir aún más las tarifas, están barajando la posibilidad de hacer pagar a la gente mayor, que actualmente puede viajar de forma gratuita, que abonen un precio simbólico. Y he de decir que esto me da mucha rabia, porque encima el argumento que da Ricardo Melchior, es que en tiempos de crisis debemos ser solidarios. Precisamente en tiempos de crisis, no se puede pretender que la gente mayor, que ya de por si perciben una pensión de mierda, porque es lo que es, pregúntenle a sus abuelos, una pensión de mierda, encima les hagan pagar por el transporte público, el cual para muchos es la única forma de desplazarse. Y en cuanto a la solidaridad, ya podrían ser solidarios los politicuchos como Melchior, y bajarse sus salarios, o que compartan un poco de eso que se han ido metiendo a la saca la panda de ladrones estos. Pero claro, eso no cabe en sus mentes, solidarios debemos ser, pero nosotros, no ellos. Siempre todo lo acaba pagando el ciudadano mientras los políticos y amigotes viven sin privarse de nada. Bueno, quizá este verano cuando se vayan de viaje no piden la pensión completa en el hotel sino solo media pensión, y el almuerzo lo hacen en McDonald’s.

Un castigo ejemplar


Acabo de leer que en Bilbao cinco menores limpiarán el metro como castigo por los destrozos provocados en una estación. Este son el tipo de castigo que a mi me gustaría que se implementaran con más frecuencia, siempre que alguien tenga un comportamiento incívico con instalaciones públicas deberían de imponerse sanciones de este tipo, correspondientes con la acción llevada a cabo por el vándalo. Si rompe que arregle, si ensucia que limpie.

Creo que esto sumado al pago de una multa para cubrir los costes del material requerido para el arreglo servirían para que la gente tomara mayor conciencia, fomentaría el comportamiento cívico y creo que evitaría en mayor medida la reincidencia.

En la actualidad lo habitual es que la sentencia sea una multa. El problema es que las multas no tienen una mayor repercusión en la toma de conciencia, muchas personas ni siquiera las pagan, otras las pagan y no tienen duda en reincidir, quizá lo único que harán es tener más cuidado la próxima vez para evitar ser vistos, pero esto no elimina la acción vandálica o incívica. Mientras que si el que destroza, ensucia o comete cualquier acto que atenta contra las instalaciones públicas es castigado con la obligación del arreglo o limpieza, el sujeto tiene un contacto con una labor hasta entonces, seguramente, ignorada por él. De esta forma el vándalo se mete en la piel del que, de no haber sido “pillado” en su fechoría, tendría que haber puesto orden al destrozo.

Además sería importante fomentar la toma de conciencia de la población de que las instalaciones públicas son eso, públicas, por tanto de todos, y si rompes algo que es de todos, todos somos los perjudicados, y además todos tendremos que pagar por ello. Pero dado que esta idea es algo más complicada, por lo abstracta que puede parecer a muchos, es más rápido fomentar la conciencia de que tú destrozo requiere un esfuerzo considerable tanto para su arreglo que va unido a un coste económico considerable, y hacer ver ambos al infractor, de forma que tenga una mayor visión de las consecuencias de su acción, consecuencias que él seguramente nunca se planteó de forma extensa.

Ojalá este tipo de medidas se impusieran en mayor medida, creo que podrían ser muy positivas para incentivar la toma de conciencia y el comportamiento cívico en la población.

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