El Congreso español acepta la censura previa en Internet redistribuyendo competencias propias de los jueces. El titular es duro, pero es que la realidad es así de cruda.
El pasado 31 de Octubre el Congreso de los Diputados aprobó el proyecto de Ley de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información, con previsiones tan graves como la de permitir a grupos políticos o administraciones públicas la censura previa en Internet. Parece que el impulso lo da para caer en picado en la carrera del progreso del poder judicial y de la sociedad tecnológica en España.
A pesar de las advertencias que la Comisión Europea ha lanzado ya a nuestro país, sobre el respeto a los derechos fundamentales en Internet y, el respeto a los procedimientos legales para determinar responsabilidades (caso Promusicae), nuestro poder legislativo se empeña en mostrar sin tapujos, y hasta con orgullo diría yo, su falta de cultura digital. Continúa con su particular cruzada: “ante lo que no comprendo, y por tanto no puedo controlar en su medida y justa proporción, impongo el cierre por las bravas”. Tan bravas son que permite que, tanto administraciones públicas como partidos políticos (incluso asociaciones con pocos escrúpulos) sean autoridades supuestamente “competentes” para determinar el cierre de páginas web cuando sus contenidos les molesten.
Esto es tan indignante, sobre todo si pensamos que este tipo de medidas benefician a entidades como la SGAE, que a pesar de que constantemente denuncian a todo aquel que los califica de ladrones o de mafia, tienen un funcionamiento igualito que el de ésta última tal y como explican en Público.
Slynation 