El otro día descubrí indignado que España es uno de los países que posee y fabrica bombas de racimo. Varias empresas de este país las fabrican, aunque la falta de transparencia en el comercio español de armamento hace imposible saber a dónde las venden. Además, el ejército español, según reconoció el ministerio de Defensa, tiene un arsenal limitado de este tipo de armas.

Greenpeace se ha puesto en marcha y demanda al Gobierno español que prohíba la fabricación de bombas de racimo, por el atentado tan grave que suponen contra la población de una zona. Una bomba de racimo está formada por una bomba «contenedor» que puede ser lanzada desde tierra, mar o aire y que, al abrirse durante la trayectoria, expulsa cientos de submuniciones que se dispersan por amplias superficies. En teoría, estallan cuando alcanzan el suelo, pero esto no siempre es así.

Estas bombas, actúan de forma indiscriminada, no distinguen entre blancos civiles y militares, y por sus altas tasas de error, siguen causando muertos y heridos mucho tiempo después de que acabe un conflicto. Afectan sobre toda a la población civil, que son el 98% de sus víctimas. En especial los niños que son atraídos por sus colores y formas llamativas.

Hay que decir que entre el 5% y el 30% de las municiones no estallan y quedan dispersas sobre el territorio. Después actúan como minas antipersonales. Son incluso más peligrosas que éstas, ya que están diseñadas para matar y no sólo para herir o mutilar.

Mabel González, responsable de la campaña de Desarme, declaró que las bombas de racimo deben someterse a un procedimiento similar al que prohibió las minas antipersonales. Según ella, en el último año se han producido ciertos avances en este sentido. En febrero, Bélgica prohibió la fabricación, venta, uso y almacenamiento de bombas de racimo en su territorio. Y en noviembre, Noruega anunció que va a liderar un proceso de negociación internacional encaminado a lograr un tratado para prohibirlas. La primera reunión tendrá lugar el próximo mes de febrero.

España también es el principal exportador de municiones en África Subsahariana y no duda en vender armamento a países en conflicto o cuyos vecinos viven situaciones de violencia.

Cuando descubrí todo esto, me dio mucha rabia. Vivir en un país que se opuso a la guerra de Irak, y en general «promueve» la paz, habría que ver hasta que punto estas propuestas son ciertas y sinceras, y luego vende armamento de lo más letal, y munición sin dudarlo a los países en conflicto, me da asco. Esta hipocresía es asquerosa.

Lo más detestable, es que días después de leer esto, leo en El País, que el Gobierno descarta prohibir en España la producción de bombas de racimo. Actualmente hay un montón de gente muriendo en el sur del Líbano, porque en la guerra reciente, Israel arrojó más de 100.000 bombas de racimo. Se pueden imaginar la cantidad de municiones que quedarán por ahí tiradas al alcance de cualquiera, asesinas silenciosas, que no se cansan de esperar a sus víctimas.

El Gobierno estima que «las municiones de ese tipo fabricadas por España y de dotación en sus Fuerzas Armadas cumplen con los requerimientos técnicos de autodestrucción y autoneutralización (según el Gobierno, sus bombas de racimo disponen de sistemas de seguridad que inactivan y dejan inerte la munición al cabo de un corto período de tiempo).» y que «las capacidades militares que proporcionan estas municiones son necesarias para el mantenimiento de la operatividad de las Fuerzas Armadas«, por lo que «no se considera conveniente la prohibición de su fabricación«.

En cambio, lo que se propone desde el Gobierno, es establecer «un grupo de trabajo para tratar en profundidad el impacto humanitario de las municiones de racimo«, así como para negociar un tratado «que regule los aspectos humanitarios suscitados por su utilización«. Es indignante, crean un grupo de trabajo para quedar al menos un poco bien, y se niegan a prohibir la fabricación de este armamento tan detestablemente letal, para población civil, que no tiene nada que ver con los conflictos bélicos de los políticos. No me esperaba unas tácticas, y una política tan detestable por parte del Gobierno español.
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